Parque de los estanques y cortes de agua

Olga Feliú

Los servicios sanitarios han estado en las noticias recientes. Primero, por el fallo sobre el llamado “parque de los estanques”, en Providencia, muy bien recibido por vecinos y municipio y, luego, por lamentables cortes de agua que obviamente han merecido críticas y cuestionamientos de los afectados.

En su protección, el municipio dijo que la eliminación del parque afectaría la vida de los vecinos. El fallo, por su parte, ha partido del supuesto de que se trata de bienes de origen estatal cedidos con ese fin, de cuya finalidad de servicio público no pueden apartarse.

La trascendencia de estos casos y los múltiples comentarios recaídos en ellos amerita procurar clarificar la situación jurídica en que se encuentran los prestadores de servicios sanitarios, la que por cierto es similar a la de otros de naturaleza semejante.

Para ello, es particularmente esclarecedor el mensaje con que el presidente Frei Ruiz-Tagle envió al Parlamento, el proyecto de la Ley 19.549. En él, luego de recordar que la producción y distribución de agua potable y alcantarillado, y disposición de aguas servidas constituyen servicios públicos de primordial importancia y que éstos hasta fines de los 80 se proporcionaban por el Estado, lo que no difería del usado en otros servicios públicos, como el eléctrico, y por ser monopolio natural, por los subsidios a la oferta para grandes inversiones, por la cobertura en zonas de baja densidad de consumo, y la inexistencia de mecanismos adecuados de regulación y subsidio directo a la demanda, agregó que este esquema de provisión estatal dio paso a la formación de empresas, luego privatizadas, bajo marcos regulatorios previamente definidos.
Se definieron normas sobre calidad de servicios, tarifas y otros aspectos centrales, que se orientaban bajo criterios de eficiencia económica, en general ausentes en el esquema anterior. La provisión del servicio fue entregada a empresas privadas. Sin embargo, hizo presente el presidente, tratándose de los servicios sanitarios, antes de efectuar la privatización, era necesario establecer un “marco regulatorio claro y estable en lo normativo y fuerte en lo institucional”. Este proyecto fue objeto de amplio debate parlamentario que duró más de tres años. Sólo con ley aprobada se procedió a licitación internacional de las acciones del Estado, en la que participaron las empresas, pagando por ellas cuantiosas sumas.

Actualmente, las concesionarias son sociedades anónimas, cuyos bienes -sin más limitaciones que las legales- se rigen por el derecho privado o común, y los servicios sanitarios que prestan están sometidos a normas legales y reglamentarias, por cuyo apego, y calidad del agua, vela la superintendencia del ramo. Las tarifas están sometidas a procesos establecidos por ley que considera, entre otros, las inversiones que efectuarán.

De esta manera, si resulta necesario asegurar la continuidad del servicio con medidas que resguarden el riesgo de los imprevistos de la naturaleza, o que se agreguen nuevas fuentes de agua, ello se reflejará en las inversiones y consiguientemente en las tarifas que deberán pagar los consumidores, las que se fijan por decreto, luego de un proceso regulado en detalle por el legislador. A su vez, si los municipios quieren mejorar la calidad vida de sus vecinos deberán costearlo.

Los nuevos marcos regulatorios de las empresas sanitarias, de telecomunicaciones, gas y otras, y su privatización, como asimismo las concesiones de obras públicas, han llevado al país a un mejoramiento destacable en todos esos campos. Pretender que son servicios públicos comunes, cuyos bienes están para el bienestar de los vecinos, es desconocer los sistemas en su esencia, lo que pone en riesgo la credibilidad del país. Como dice el Mensaje Presidencial recordado, los requerimientos de altas inversiones obligan a tener reglas previas, que en estos casos existen y que deben ser respetadas.

Además, como también lo anticipaba el mensaje ya referido, los recursos liberados con la privatización, más lo obtenido con ellas, han permitido al Estado atender otras necesidades públicas más apremiantes e insustituibles.